Organizaciones sociales, legisladores provinciales y concejales locales de la oposición, gremios, y el Instituto Nacional contra la Discriminación de Santa Fe (Inadi) solicitaron a las autoridades de la Municipalidad de Santa Fe una reunión con carácter de “urgencia” para evitar “desalojos de familias” en situación de pobreza y vulnerabilidad en varios barrios ubicados en la periferia de la ciudad.
Las familias involucradas en esta situación viven hoy en los barrios Villa Oculta, La Vieja Tablada, Colastiné Norte, Altos de Noguera, Los Troncos, El Pozo y Playa Norte.
Miembros de unas 200 familias afectadas participaron de una reunión realizada el miércoles pasado en la sede del Inadi Santa Fe con representantes del Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH, el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social —ambos del Estado nacional—, gremios nucleados en CTA, la diputada electa Patricia Chialvo (FPV), la diputada Marcela Aeberhardt (FPV), la concejala Silvina Frana (FPV), miembros del Movimiento Evita y organizaciones de la sociedad civil como la Red Barrial Santa Rosa de Lima, Manzanas Solidarias, Movimiento Unidos por lo Barrios, Foro contra la Impunidad y por la Justicia y Tramas Derecho en Movimiento.
Tras la reunión, el Inadi Santa Fe y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia emitieron sendos comunicados de prensa en los que expusieron su preocupación por la situación de las familias afectadas por lo que ellos denominan como “intentos de desalojos” por parte de la Municipalidad, y le solicitaron al intendente José Corral y al presidente del Concejo Municipal, Leonardo Simoniello, “que cesen definitivamente las notificaciones de desalojos que generan zozobra en las familias afectadas y la urgente conformación de una mesa de diálogo en la que participen las vecinas y los vecinos a los fines de que se respete el derecho a la vivienda”.
Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia calificaron el hecho como un “intento arbitrario e ilegal de desalojo en el barrio de Villa Oculta”, seguido de “una serie de cartas” a habitantes de Los Troncos, Altos de Nogueras, Guadalupe Norte y La Vuelta del Paraguayo, “con la amenaza de que si ellos no derriban sus propias viviendas y se marchan, el Estado municipal, sin ninguna orden judicial ni explicación, destruirá sus viviendas en el plazo de 30 días”.
Fuente: www.ellitoral.com
